Los hechos sociales y económicos tienen la virtud de evidenciar las políticas de los gobiernos, descubriendo sus mentiras y engaños como principios rectores de sus actuaciones políticas.
A partir de la política gubernamental para reducir las pensiones de jubilación, derecho social básico de los trabajadores conquistado con las luchas sociales y la solidaridad obrera, se ha puesto en evidencia, una vez más, cual es la política real del gobierno de acentuar la injusta distribución de la riqueza, trasvasando los ingresos de los trabajadores a la aristocracia del poder y del dinero.
El aumento de la edad de jubilación en España de los 65 a los 67 años, junto con el aumento de los años para tener derecho a la jubilación pasando de 15 a 20 años, y el aumento del periodo cotizado para el cálculo de la cuantía de la pensión de 15 a 20 años, junto a la supresión de la pensión de viudedad, refleja claramente cuál es la esencia de la política gubernamental: reducir los ingresos y los derechos económicos y sociales de los trabajadores.
Las mentiras de las razones gubernamentales de reducir el déficit fiscal de las cuentas públicas y estatales reduciendo las pensiones, se evidencia con esta medida antisocial, que tendría sus efectos dentro de muchos años, y no en la actualidad inmediata.
Si se trata de reducir el déficit fiscal de una forma inmediata hay que actuar sobre la realidad de hoy, reduciendo el número y las retribuciones de la burocracia política, capitalista, militar, policial, religiosa
y sindical de todo tipo de organismos internacionales, estatales, autonómicos y municipales, y todas las subvenciones que llevan aparejadas.
Cuyos privilegios económicos ahogan impositivamente a las sociedades trabajadoras, a la vez que su actividad es completamente improductiva y parasitaria.
Si de reducir el déficit fiscal se trata, hay que actuar sobre las ingentes sumas de gastos militares, de la industria militar y de los costes de las guerras, fundamentalmente de Irak y Afganistán.
También se reduce el déficit fiscal aumentando los impuestos a los ricos y capitalistas, y a las empresas y compañías financieras y bancarias, aumentando el impuesto de las empresas, recuperando el impuesto de patrimonio (suprimido en 2008) que solo pagaban los auténticos ricos con patrimonio real, subiendo
las cotizaciones empresariales a la seguridad social, aumentando la progresividad de los impuestos sobre las rentas salariales, que paguen más los que más ganen y que en España se está haciendo todo lo contrario: reduciendo la progresividad de los impuestos.
Para reducir el déficit fiscal también se pueden eliminar todas las subvenciones a las religiones e iglesias, que alimentan únicamente la mentira y el odio entre las sociedades.
Y desde luego, para reducir el déficit fiscal se puede eliminar la corrupción política generalizada, que unida al mundo empresarial roba los recursos públicos en beneficio de una delincuencia política y empresarial.
Pero lo fundamental radica en la organización racional del sistema económico y productivo, una economía al servicio de las necesidades humanas y sociales, destinada a cubrir necesidades y no a generar fortunas individuales y hambrunas colectivas. Si la ciencia económica recuperase la inteligencia y justicia
de la economía anarquista, hoy en día, los textos y escritos cobre las colectividades libertarias en la España de 1936, serian los manuales de economía sobre los que reorganizar la vida económica y social de la humanidad.
La razón de que los gobiernos actúen en contra de los trabajadores reside en la dictadura capitalista, que
en afinidad e identidad de intereses con los gobiernos, ponen en marcha las políticas económicas y sociales de injusta distribución de la riqueza, aumentando la explotación y miseria del mundo del trabajo.
Una vez más, solo nuestra capacidad como sociedad civil y trabajadora de organizar la vida social y económica, sobre la base de la igualdad de derechos y deberes reales podrá evitar esta barbarie del capitalismo y de los gobiernos.
A partir de la política gubernamental para reducir las pensiones de jubilación, derecho social básico de los trabajadores conquistado con las luchas sociales y la solidaridad obrera, se ha puesto en evidencia, una vez más, cual es la política real del gobierno de acentuar la injusta distribución de la riqueza, trasvasando los ingresos de los trabajadores a la aristocracia del poder y del dinero.
El aumento de la edad de jubilación en España de los 65 a los 67 años, junto con el aumento de los años para tener derecho a la jubilación pasando de 15 a 20 años, y el aumento del periodo cotizado para el cálculo de la cuantía de la pensión de 15 a 20 años, junto a la supresión de la pensión de viudedad, refleja claramente cuál es la esencia de la política gubernamental: reducir los ingresos y los derechos económicos y sociales de los trabajadores.Las mentiras de las razones gubernamentales de reducir el déficit fiscal de las cuentas públicas y estatales reduciendo las pensiones, se evidencia con esta medida antisocial, que tendría sus efectos dentro de muchos años, y no en la actualidad inmediata.
Si se trata de reducir el déficit fiscal de una forma inmediata hay que actuar sobre la realidad de hoy, reduciendo el número y las retribuciones de la burocracia política, capitalista, militar, policial, religiosa
y sindical de todo tipo de organismos internacionales, estatales, autonómicos y municipales, y todas las subvenciones que llevan aparejadas.
Cuyos privilegios económicos ahogan impositivamente a las sociedades trabajadoras, a la vez que su actividad es completamente improductiva y parasitaria.
Si de reducir el déficit fiscal se trata, hay que actuar sobre las ingentes sumas de gastos militares, de la industria militar y de los costes de las guerras, fundamentalmente de Irak y Afganistán.
También se reduce el déficit fiscal aumentando los impuestos a los ricos y capitalistas, y a las empresas y compañías financieras y bancarias, aumentando el impuesto de las empresas, recuperando el impuesto de patrimonio (suprimido en 2008) que solo pagaban los auténticos ricos con patrimonio real, subiendo
las cotizaciones empresariales a la seguridad social, aumentando la progresividad de los impuestos sobre las rentas salariales, que paguen más los que más ganen y que en España se está haciendo todo lo contrario: reduciendo la progresividad de los impuestos.
Para reducir el déficit fiscal también se pueden eliminar todas las subvenciones a las religiones e iglesias, que alimentan únicamente la mentira y el odio entre las sociedades.
Y desde luego, para reducir el déficit fiscal se puede eliminar la corrupción política generalizada, que unida al mundo empresarial roba los recursos públicos en beneficio de una delincuencia política y empresarial.
Pero lo fundamental radica en la organización racional del sistema económico y productivo, una economía al servicio de las necesidades humanas y sociales, destinada a cubrir necesidades y no a generar fortunas individuales y hambrunas colectivas. Si la ciencia económica recuperase la inteligencia y justicia
de la economía anarquista, hoy en día, los textos y escritos cobre las colectividades libertarias en la España de 1936, serian los manuales de economía sobre los que reorganizar la vida económica y social de la humanidad.
La razón de que los gobiernos actúen en contra de los trabajadores reside en la dictadura capitalista, que
en afinidad e identidad de intereses con los gobiernos, ponen en marcha las políticas económicas y sociales de injusta distribución de la riqueza, aumentando la explotación y miseria del mundo del trabajo.
Una vez más, solo nuestra capacidad como sociedad civil y trabajadora de organizar la vida social y económica, sobre la base de la igualdad de derechos y deberes reales podrá evitar esta barbarie del capitalismo y de los gobiernos.
José Luis Velasco. Historiador de las Doctrinas Económicas.
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