El revuelo que se está formando con el tema de la memoria histórica, no hace sino evidenciar que las heridas siguen abiertas y que muchos de aquellos que presumen de demócratas no pueden borrar de un plumazo su pa
Por un lado, nos parece algo lógico y evidente que una sociedad que quiera llamarse demócrata y libre no permita que la simbología de una dictadura se mantenga visible de una manera tan evidente. Bajo el argumento de que dicha simbología es historia y que como tal debe permanecer, se esconde el franquismo sociológico, sustentado políticamente por el Partido Popular, en donde se cobija toda una caterva de adeptos al mal llamado régimen, cuando en realidad fue una dictadura fascista que a lo largo de cuarenta años supo cambiar de piel camaleónicamente sin perder su esencia. Y para muestra las declaraciones de Mayor Oreja, que parece olvidar la represión que tuvo que soportar todo aquel que mostraba la más mínima crítica al guía de la cruzada.
Dicho esto, también queremos mostrar nuestro rechazo a la susodicha ley de la “Memoria Histórica” porque en ningún caso va a restaurar todo el sufrimiento vivido por los miles y miles de hombres y mujeres que, o bien fueron pasados por las armas o tuvieron que soportar la cárcel y el exilio. Por mucho que nos digan, no fue durante el franquismo cuando se olvido a las víctimas que lucharon por un mundo más justo, pues continuamente se hacían honores a los vencedores, cosa que no hacía más que humillar a los vencidos, cultivando a su vez, una memoria popular transmitida oralmente que reflejaba bien a las claras quienes eran los opresores y quienes los oprimidos.
La hipocresía de esta ley es mayúscula, ya que durante los treinta años de democracia se nos ha intentado borrar la memoria que ahora supuestamente se quiere recuperar. Fue el tan alabado espíritu de La Transición el que borro de un plumazo todo recuerdo y toda posibilidad de hacer justicia. No hubo ni puede haber conciliación cuando todos los opresores, torturadores y asesinos que fueron durante cuarenta años hayan salido indemnes y nadie les haya pedido cuentas. Ningún país, que haya sufrido durante tantos años una dictadura de dicho calibre ha dejado impunes tantos asesinatos. En mayor o en menor medida, antes o después, esos pueblos reprimidos han pedido explicaciones a sus verdugos.
Sería fácil poner el ejemplo de Fraga o el propio monarca Juan Carlos, pero pensemos en los militares, eclesiásticos, funcionarios públicos y políticos que de un día para otro pasaron de ser defensores a ultranza de la dictadura a perfectos demócratas, algunos de ellos con la cara dura de pavonearse como defensor de la libertad.
La verdad, es que como dijo el mequetrefe que acabó sus días en la cama: “lo dejo todo, atado y bien atado”; haciendo posible que sus herederos políticos, los mal llamados reformadores del régimen, consiguiesen que todo siguiese como estaba pero con otra cara más demócrata, más liberal, más europea y a la postre, más moderna.
No podemos dejar de citar el aspecto económico de “La Transición”. Cambió la cara del sistema, eso si, pero el poder del capital siguió tomando si cabe más fuerza, dotándose de un traje nuevo que rompiera las barreras de la dictadura. El gran capital, ha sido el gran vencedor de La Transición. La dictadura se quedaba obsoleta para el proceso neoliberalizador que se empezaba a vislumbrar en los años 70. El capital necesitaba abrirse al mundo y la dictadura era un freno que había que quitarse de encima, pero eso si, con cierto tacto por los servicios prestados. Pues no podemos olvidar, que la guerra civil española fue una lucha de clases y no una lucha política.
Sin lugar a dudas, que todo ello fue posible, gracias a una izquierda política mal organizada, timorata y con unos líderes, empezando por Carrillo, que no supieron mostrar una oposición a ese “nuevo franquismo” aceptando el discurso de los reformadores y vendiéndose por pillar el mayor trozo posible del pastel.
Que no nos vengan ahora con discursos “progres” sobre la memoria histórica, y que a la vez se alaben los pactos de la Transición, verdaderas leyes de “punto y final”. No puede haber conciliación posible, no puede haber reparación suficiente, mientras que no se hagan públicos los nombres de todos los torturadores y asesinos fascistas. Mientras que estas personas no sean juzgadas y paguen por sus crímenes. Mientras, en definitiva, queden impunes todos los atropellos que tuvo que soportar el pueblo, por todos aquellos que se sublevaron para mantener el poder que veían tambalearse, en ese aire fresco de libertad y revolución social que vivió la sociedad española de los años 30.
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